Es ampliamente conocido el juicio iniciado por el presidente Rafael Correa por la publicación de un artículo en el que se le hace una acusación directa por un delito de lesa humanidad al ordenar abrir fuego contra un hospital lleno de civiles e inocentes, durante el fallido golpe de estado del 30 de septiembre de 2010. El juez penal, Juan Paredes, sentenció al columnista Emilio Palacio a tres años de prisión y al pago de una indemnización de $30 millones, y $10 millones al diario El Universo.
El presidente estuvo siempre dispuesto a dar marcha atrás con el juicio si los acusados reconocían el error y se ratificaban, ofreciendo disculpas a los ecuatorianos, invitación que no tuvo respuesta. Mientras tanto, los abogados de El Universo no pudieron demostrar vicios legales en el proceso ni la violación de alguna ley. Finalmente el mandatario renunció de recibir la indemnización, pero la posición en contra de estos medios de comunicación ya había sido marcada.
Asimismo, el presidente presentó una demanda contra Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, co-autores del libro “El Gran Hermano”, en el cual se acusa a Rafael Correa de tener conocimiento de los contratos a los que habría llegado su hermano, Fabricio Correa, con el Estado. La fuente de los autores no es una fuente oficial sino las propias declaraciones del hermano del presidente, quien ha negado ya lo dicho en el texto.
El día 8 de febrero la jueza civil, Mercedes Portilla, encontró responsabilidad de ambos autores del libro por el delito de injuria puesto que las pruebas presentadas “no alcanzan el valor de la prueba plena” y que la inocencia del demandante (el presidente Correa) “se encuentra incólume”. Para este caso el presidente ha invitado a los periodistas a reconocer el error y pedir disculpas.
En declaraciones a la web Confirmado.net, Zurita respondió que “[El presidente] podrá cobrarnos la plata que no tenemos y meternos presos, pero jamás logrará ocultar “la verdad histórica” del libro El Gran Hermano que contiene información documentada sobre los contratos que Fabricio Correa firmó con el Estado”[1], una clara respuesta a la propuesta del presidente.
Es de resaltar el interés de los medios de comunicación y las organizaciones internacionales en el caso de los directivos de El Universo y los autores del libro “El Gran Hermano”, acusando al gobierno ecuatoriano de manipular la ley en favor del presidente. Esto evidencia la distante relación entre el gobierno y los medios de comunicación, una relación tirante y muy complicada de cara a futuro.
El Secretario General de Reporteros sin Fronteras, Jean-François Julliard, envió una carta, a nombre de la organización internacional, al presidente Rafael Correa alertando de las consecuencias que tendrían las acciones judiciales tomadas en contra de periodistas ecuatorianos, y tilda ambos procesos de excesivos –considerando los millonarios montos de las indemnizaciones-.
Si bien RSF reconoce la gravedad de la acusaciones hechas contra el presidente, considera además que los procesos judiciales son perjudiciales para la libertad de expresión, recalcando que los detractores se han referido a Rafael Correa como Jefe de Estado, un cargo público desde el que no puede eludir la crítica y las acusaciones de los ciudadanos, y que ameritan una respuesta suya.
RSF recalcó estar en contra de las penas de prisión por delitos de prensa, hecho que “contradice la jurisprudencia interamericana, así como la tendencia generalizada a la despenalización observada en América Latina. Asimismo, constituye un atentado gravísimo a un principio demográfico fundamental”[2]. Advierte además que de ganar el juicio, obligaría a los medios y profesionales de periodismo a autocensurar sus contenidos, por lo que se espera una respuesta positiva del mandatario ecuatoriano.
Por otra parte, Rafael Correa, en abril del 2011, rechazó un pronunciamiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el cual se hace referencia a las demandas judiciales planteadas por el presidente contra los periodistas de El Universo, y la detención de civiles por ofender al presidente, considerando que ellas interfieren en los asuntos internos de su país.
Esto en referencia a la detención de Irma Parra –tras realizar una señal obscena- y Édison Ponce –por escándalo en la vía pública y estado etílico-. Respecto al segundo caso, el mandatario expresó sus disculpas y responsabilizó a la Policía, siendo el inculpado puesto en libertad a la brevedad luego de pedir disculpas. Respecto a Parra, indicó que fueron las irrepetibles señas hechas durante el paso de la caravana presidencial las que dieron paso a la detención de a quien la prensa ha convertido en heroína.
Del mismo modo rechazó las críticas de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acusándolas de representar intereses de grupos empresariales del rubro de la comunicación, en toda América Latina, a través de una fundación privada que no agremia a periodistas ni a ciudadanos. Argumentó además que Emilio Palacio, quien escribiera el ya citado artículo en el diario El Universo, deberá responder a sus acusaciones contra el Jefe de Estado.
En mayo de 2011, el presidente Correa mencionó además que la prensa latinoamericana “confunde libertad de expresión con mentira” luego de proponer la creación un consejo regulador de contenidos mediáticos en Ecuador, despertando el temor a la censura.
La propuesta caló y en febrero del 2012 se confirmó la creación del Consejo Regulador de los contenidos de los medios, entidad integrada por cinco miembros que, según la prensa local, serán obedientes al presidente. El Consejo podrá fijar sanciones administrativas y remitir a la Fiscalía Nacional los datos de las acciones mediáticas que cometan “delitos de acción pública” [3].
Ello, sumado a la probable Reforma de la Ley Electoral y las restricciones a la cobertura periodística, según la cual la publicación de los perfiles de los candidatos, o cualquier trabajo periodístico en campaña electoral podría ser tachado de ilegal, generando las condiciones para obstruir la labor periodística y la difusión de información a través de los medios de comunicación locales, empujándolos a la autocensura.
Como para ahondar en contradicciones, en agosto del 2012 el gobierno ecuatoriano confirmó el asilo diplomático de Julian Assange, fundador de Wikileaks, en la Embajada ecuatoriana en el Reino Unido. Durante su alocución, el canciller Patiño mencionó como argumento la “defensa irrestricta” del gobierno a la libertad de expresión, un tema bastante cuestionado en el mismo Ecuador.
Los medios locales e internacionales criticaron el asilo diplomático otorgado a Assange señalando que el presidente hace gala de un doble discurso ya que, si bien a nivel interno busca condenar y apresar a periodistas por sus opiniones críticas, a nivel internacional ha buscado ser reconocido como defensor de la libertad de expresión para aminorar las críticas.
Este escueto análisis elude el hecho de que todo país, por pequeño o poderoso que sea, es de “suma uno” en el sistema internacional que, para términos de la ONU, suma 193 Estados autónomos contabilizados en total, donde ninguno de los 193 debería sobrepasar la voluntad del otro. La decisión de Ecuador pasa por el ejercicio de soberanía y la autonomía de sus decisiones frente a las presiones de Reino Unido o los EEUU, una jugada política mucho más allá de representar una simple fachada para ocultar presuntos ataques contra la libertad de expresión.