Sentencias a medios CC en Argentina

Siguiendo en el 2012, en marzo más precisamente, se revocó en Córdoba la medida cautelar a la que se refería Loreti, que impedía la aplicación del artículo 161 de adecuación a la Ley de SCA. El 22 de mayo siguiente, la Corte Suprema de Justicia falló[1] y “descongeló” la aplicación del mencionado artículo en un fallo que según Damián Loreti puso de cara al conjunto de la población argentina el hecho de que la ley no vulnera en absoluto la libertad de expresión[2]. Como ya explicamos, este artículo no sólo afecta al Grupo Clarín, pero en el caso particular de este grupo, cabe destacar la llegada por segunda vez de sus medidas a la Corte Suprema.

Según lo que indicó aquel fallo de mayo, AFSCA consideró que el Grupo Clarín tendría tiempo hasta el 7 de diciembre de 2012 para presentar un plan de adecuación a la nueva norma. Según la Corte, ésta sería la fecha en la que vencía una parte (la del artículo 161 porque la del artículo 41 ya se había resuelto) de la medida cautelar presentada en 2009 por el juez Edmundo Carbone[3].

En cuanto a los otros grupos que debían adecuarse a la ley SCA, tendrían que haberlo hecho a partir del 1º de septiembre de 2010, cuando se reglamentó la ley. Es decir, en septiembre de 2011 se cumplió el plazo de adecuación que establece la norma para todos los otros grupos infractores de la ley. Esta situación se mantuvo hasta noviembre de 2012, cuando AFSCA presentó el informe “Motivos de adecuación”[4] en el que se especificaba empresas y razones de adecuación a la LSCA argentina. Los actores en infracción también tuvieron tiempo hasta el 7 de diciembre para presentar sus planes de adecuación a la norma, como para igualar posibilidades ante todos. Aquel actor que para dicha fecha no presentara su plan, recibiría la visita de AFSCA para comunicarles un plan de oficio.

Así fue como a 3 años de su sanción, la ley empezaba a terminar con los procesos legales que la sesgaban parcialmente y no le dejaban tomar su vigor en totalidad. Este comienzo del fin también se pudo traducir en la constitución de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual el 17 de octubre de 2012.  Dicha comisión es otro de los organismos que crea el articulado y que todavía no había visto la luz. De esta manera, los diferentes posicionamientos partidarios nacionales tendrían su voz y voto hacia la aplicación y seguimiento de la nueva ley. Asimismo, la oposición al oficialismo nombró a sus representantes en los directorios de AFSCA y de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTASE). En dicha reunión constitutiva también se nominó a Cynthia Ottaviano como defensor del público sin objeciones, acto que sobrepasó el periodo de 10 días  para impugnaciones antes de asumir sus funciones.