Durante el año 2011 se dio el debate en torno al Proyecto de Ley 241 o “Ley Lleras” que busca regular la responsabilidad por infracciones al derecho de autor en internet. Para ello se organizó un foro público en el Senado el 4 de mayo del mismo año, ahí creadores y emprendedores, como beneficiarios de la ley, recalcaron la importancia de la misma para la industria cultural tradicional y las nuevas corrientes y modelos de negocio en internet en tanto sus iniciativas serán protegidas, buscando que el proyecto no se entienda como un ataque a los usuarios.
Entre las normas generales existe ya una Decisión Andina 351 del año 1993, un régimen de Derechos de Autor de aplicación en los países de la Comunidad Andina –Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia- e instrumentos legales colombianos que están en capacidad de establecer una responsabilidad solidaria del prestador de servicios de internet por aquello que infrinjan sus usuarios. En otras legislaciones esta situación dio paso a la adopción de mecanismos mediante los cuales se dicte una normativa por la cual el prestador de servicios de internet pueda bloquear el acceso al contenido o volver a subirlo, estando siempre en diálogo con el autor –personal natural o jurídica propietaria de los derechos de autor- y el usuario para cada acción.
Bajo este proyecto de Ley 241 los beneficiarios serían las empresas nacionales y extranjeras, las productoras musicales y los autores independientes –que muchas veces publican su obra sin la existencia de un agente editor o productor-. La “Ley Lleras” busca asegurar jurídicamente a quienes participan y quieren participar de la comunicación de obras en la Red, dando un impulso a sus actividades. El objetivo es que el legítimo derecho del dueño sobre el contenido que ha creado con su emprendimiento esté protegido.
Aun así los autores podrían optar por renunciar a sus derechos y permitir que cualquier otro administre la reproducción del material, con lo que el proyecto de Ley se esfuerza por reconocer el poder de decisión de los propios autores sobre sus piezas y trabajos. Debe quedar claro que pueden acudir a esta ley tanto el titular de los derechos de autor como el usuario que subió el material a la Red, y de generarse alguna disputa podrá ser un juez el que resuelva el caso.
En septiembre del mismo año, el Senador del Partido Liberal colombiano, Juan Manuel Galán Pachón, presentó un proyecto de modificación de la ley de radios comunitarias, proponiendo que un mínimo de 33% del presupuesto público en publicidad o propaganda en radios de las entidades públicas se destine a radios comunitarias.
El senador a través de su web señaló que:
“las emisoras comunitarias son una alternativa de participación, a través de las cuales, los que antes solo oían, ahora pueden hablar y construir el tejido social que forma su comunidad. Hoy existen en Colombia cerca de 686 emisoras comunitarias que, ante la inexistencia de una red vial terciaria, se han convertido en vehículos de la democracia que alcanza a aproximadamente 3 millones de oyentes activos que los reconocen como medios legítimos para el fortalecimiento de la vida comunitaria, el desarrollo local y la comunicación entre veredas y cabeceras municipales”[1].
Cabe recordar que las radios comunitarias son reconocidas como tal desde la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la cual en busca de asegurar el tránsito de una democracia representativa a una participativa logró aprobar el derecho a la comunicación para favorecer la articulación social.
Las dificultades políticas – el encontrarse muchas veces en medio del enfrentamiento entre fuerzas del orden y la guerrilla-, además de problemas de financiamiento –corto presupuesto para publicidad, costos elevados para el funcionamiento, publicidad orientada a los medios más tradicionales, limitada vinculación del Estado con estas emisoras y la contratación de emisoras comerciales, etc.- han mermado el accionar de la radio comunitaria que se encuentra ya en crisis.
Prueba de esta precaria situación fue el peligro de pérdida de licencia de aproximadamente 200 radios comunitarias que no podían sostenerse. Pero gracias a un acuerdo entre las Radios Comunitarias y la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO), firmado el 17 de octubre de 2012, se permitió que estas emisoras puedan cumplir con los compromisos pendientes y firmar contratos nuevos y concertados.
Este acuerdo contempla una rebaja de dos mil millones de pesos para las estaciones comunitarias por los derechos de autor, ello debido a que ahora existe una categorización con tarifas diferenciadas y mecanismos de acuerdo de pagos que favorecerán al sostenimiento de las radios comunitarias.
La firma de este convenio da por culminado un proceso de negociación, debate y diálogo que tardó 15 años en concretarse y que finalmente dio la razón a las radios comunitarias en su lucha por tarifas acorde a su nivel de financiamiento y la realidad en la que realiza su trabajo de comunicación, entendiendo las diferencias entre emisoras comunitarias y comerciales, que funcionan con diferentes lógicas y en diferentes realidades.
El convenio se hará extensivo a las 686 radios comunitarias que existen hoy en Colombia, con lo cual ellas podrán continuar con su labor orientando sus recursos a la lucha por el derecho a la comunicación y la libertad de expresión, alejando la inestabilidad de una situación de desamparo e insuficiencia de recursos, existente antes de la firma del convenio, la cual empujó a muchas radios a cerrar sus operaciones.
El año 2012 la Corporación Sipaz logró un acuerdo con la organización Sayco –Sociedad de Autores y Compositores que recauda los derechos de autor, en septiembre y se empezó a aplicar la tabla diferencial de tarifas a partir del 1º de octubre del año 2012, con base en la población del municipio en donde funciona la respectiva emisora, que tuvo buena acogida en la radio comunitaria porque fue el resultado de una lucha de más de seis años.
En noviembre se realizó el foro nacional de radio comunitaria en la ciudad de Manizales, capital del departamento de Caldas, centro de Colombia en el cual los representantes de las redes de emisoras comunitarias de varias regiones del país emitimos una Declaración, entre las cuales se solicitó al ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones conceder un plazo de dos años para que las emisoras se pongan al día en asuntos técnicos y administrativos, sin embargo hasta la fecha no se ha tenido una respuesta oficial.
En el mismo documento se solicitó a la organización Acinpro – Asociación Colombiana de intérpretes y productores fonográficos y con base en el acuerdo con Sayco que se establezca un acuerdo con tarifas diferenciales, sin embargo hasta la fecha no ha sido posible por lo cual las emisoras han recurrido a presentar Derechos de petición y el director ejecutivo de la corporación Sipaz Marlon Darío Prieto asesorado por abogados presentará una demanda, porque según explica Acinpro no está respetando la normatividad vigente.
En agosto del año anterior un senador de Bogotá radicó en el congreso un proyecto de ley de radio comunitaria, encaminada entre otros objetivos a lograr su sostenibilidad, que fue retirada a comienzos de este año con el fin de realizar foros regionales y buscar el respaldo de congresistas de las diferentes regiones del país.