Acceso a la información en Perú

También en abril de 2011, como parte de la campaña presidencial, los sectores políticos de derecha y parte de la prensa peruana atacaron, sin tener alguna otra propuesta, al entonces candidato Ollanta Humala quien propuso la creación de un Consejo Público para administrar las licencias de medios audiovisuales, vinculando ello con la ley de medios del gobierno de Cristina Kirchner dado que en Perú se busca establecer “un reparto equitativo y plural” de los medios, argumento del plan de gobierno[1] del partido Gana Perú por el cual postulaba Humala a la presidencia.

En el citado plan de gobierno se argumentó además que “los medios de comunicación están en propiedad de unas pocas manos, lo que ha configurado un cuasi oligopolio mediático que atenta contra el derecho a la libertad de expresión y de una información adecuada para la población”, por lo tanto se propone una nueva ley de medios y un Consejo Público en el que participe la sociedad civil y que pueda evaluar las concesiones del espectro radioeléctrico, incluidas radio y televisión digital, para lo cual, según el plan de gobierno que menciona textualmente que es “importante revisar como referente el reciente modelo argentino”.

El medio más importante del país, el diario El Comercio, se mostró abiertamente en contra de las propuestas del candidato Humala señalando “Humala defiende autoritaria ley de prensa argentina” como figura en un titular de una de sus ediciones impresas. De la misma manera, el diario Perú 21, uno de los cinco diarios del Grupo El Comercio (que también posee un canal de TV en señal abierta y otro en cable), se mostró en contra de la propuesta tildándola como una “Amenaza a la prensa”.

En mayo del 2011, dos periodistas de Canal N (cable), perteneciente al Grupo El Comercio, fueron despedidos por no aceptar la línea editorial de la empresa, orientada a atacar al entonces candidato Humala. Una periodista retirada de su cargo fue Patricia Montero[2], productora del canal, quien mencionó: “En las últimas 3 ó 4 semanas los periodistas de ambos canales sufrimos la presión de los dueños del Grupo. No hay una directiva escrita, pero sí hubo insinuaciones y presiones de llevar una línea editorial de apoyar a Keiko Fujimori”.

El Consejo Directivo del Instituto de Prensa y Sociedad rechazó tajantemente los despidos de periodistas por motivos políticos, apoyando además la pluralidad informativa en el Perú. Cabe mencionar que a los despidos en Canal N se sumaron la renuncia de cuatro periodistas del diario Perú 21, perteneciente al mismo Grupo, y que este medio se mostró abiertamente en contra de la candidatura de Ollanta Humala, apoyando la concentración mediática.

Además, durante una exposición en el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Humala resaltó que de lograr la victoria en las elecciones presidenciales, un eventual gobierno suyo fiscalizaría los medios de comunicación y respaldaría el ejercicio libre del periodismo sin presiones políticas, todo ello enmarcado dentro de la lucha contra la corrupción. Recordó, además, el rol que cumplieron los medios en los 90’s cuando fueron “obligados a servir a una dictadura, se compraba a los dueños de los medios y se perseguía a los periodistas”[3].

Es importante recordar que la libertad de expresión, información y comunicación son derechos fundamentales reconocidos por tratados internacionales y que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos buscando alcanzar un acceso justo y equitativo a los medios de comunicación.

Esta ofensiva mediática se produjo en momentos en los que el candidato Humala crecía en las encuestas de intención de voto, sin afectar su candidatura. Tiempo después, el constante ataque de la derecha peruana contra el candidato nacionalista terminó impulsando su candidatura ante el desplome de candidatos como el ex presidente Alejandro Toledo y Luis Castañeda Lossio, logrando pasar a la segunda vuelta, donde tuvo que medirse con Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, quien cumple condena por múltiples delitos cometidos durante su gobierno. Pese a los continuos ataques y la ardua ofensiva de la prensa más conservadora[4] y de la derecha peruana, Ollanta Humala logró ganar la elección presidencial.

En diciembre de 2011, el Congreso de la República aprobó en dos votaciones consecutivas el polémico proyecto de ley que sanciona con cuatro años de cárcel a quien difunda una interceptación telefónica sin “contenido delictivo perseguible”, una iniciativa presentada por el congresista Javier Bedoya de Vivanco. El mencionado proyecto de ley que modifica el artículo 162 del Código Penal logró 93 votos a favor y uno en contra, mientras que para la segunda votación logró 87 votos, cero en contra y ocho abstenciones[5]. El único congresista que votó en contra fue Heriberto Benítez, elegido en representación de la Región Ancash.

El proyecto salta a la luz luego de que se difundiera un audio de Lourdes Flores, candidata a la Alcaldía de Lima en septiembre de 2010 antes de las elecciones municipales, en el cual se escucha a la candidata referirse al cargo de alcaldesa de manera peyorativa, lo cual terminó por empujar la llegada al sillón municipal de la señora Susana Villarán.

Las reacciones no se hicieron esperar. Roberto Pereira, asesor legal de IPYS, señaló que el mencionado proyecto de ley afecta la libertad de prensa e información pues si bien no todos los casos son de naturaleza delictiva, si pueden llegar a ser de interés público, como en casos en los que un funcionario público exprese abiertamente su incapacidad o repudio a la función que desempeña.

Quienes defienden la medida resaltan la importancia de proteger la intimidad de las personas y que muchas veces se utiliza como pretexto la libertad de información para difundir conversaciones de carácter privado que son obtenidas de manera ilícita.

Por su parte, el licenciado Jaime Uribe Rocha, resalta que la “ley mordaza” violenta la Convención Interamericana de Derechos Humanos y hace un llamado a los periodistas a mostrar su rechazo total al mencionado proyecto de ley. Hace mención, además, que la función periodística es difundir información de interés público y poner al descubierto delitos o faltas graves, proteger la salud pública y la seguridad, y prevenir a la ciudadanía de ser engañada por alguna declaración o acción de un individuo o una organización. Resalta también que uno de los valores fundamentales del periodista es el respeto al derecho del individuo a la intimidad y dignidad humana y que se respeta la vida privada de las personas evitando invadir su intimidad a menos que “la divulgación de actos privados sea necesaria para evitar un mal mayor”[6].

Ante este intenso debate, la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú[7], mostró su preocupación por la mencionada “ley mordaza” debido a que la iniciativa legislativa no toma en consideración el interés del público en tener acceso a información sobre “hechos o indicios que en la vida práctica pueden afectar directa o indirectamente”. Recalcan además que gracias a denuncias por medios audiovisuales la población ha podido enterarse de delitos cometidos por la clase política y otras personas.

Ya en enero de 2012, y luego de su aprobación en el congreso –con la aprobación de todas las bancadas políticas-, el proyecto de ley quedó en manos del Poder Ejecutivo y el Presidente Ollanta Humala, quien finalmente observó la polémica ley[8] el mismo día en que vencía el plazo para detener su promulgación con lo que no logro entrar en vigencia.

En noviembre de 2011, Jorge Acevedo publicó una nota llamada “la concentración mediática es la principal amenaza para la libertad de expresión” en la cual hace un análisis de la situación de concentración de los medios de comunicación en el Perú y su vínculo con grandes grupos económicos que terminan por dirigir las líneas editoriales de los diferentes medios.

Cita al semanario Hildebrandt en sus Trece en el cual se publicó un informe sobre cómo el Grupo ATV –que incluye a Red Global Televisión, La Tele y Perú TV- está expandiendo su posición dominante en la señal abierta peruana obteniendo licencias en señal digital por adjudicación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y está rozando el acaparamiento con un total de 30% de las frecuencias disponibles en una banda por calidad. Ya en el año 2010, los tres canales que conforman el Grupo ATV obtuvieron cada uno la adjudicación de un canal de gestión exclusiva en Lima desde el cual pueden emitir una señal de alta definición y otras de modo estándar. También fueron beneficiados Perú TV –Arequipa- ahora ATV Sur.

En octubre del mismo año ATV logró la adjudicación por concurso público –en el que fue el único postor- del canal 30 de señal digital consolidando su dominio en la televisión peruana. Los siguientes canales en participación en el mercado publicitario son América Televisión, Frecuencia Latina y Panamericana Televisión. Por su parte, Plural TV, en donde el Grupo El Comercio –que cuenta además con cinco diarios: El Comercio, Perú 21, Trome, Gestión y Depor- tiene el 70% de participación y tiene toda la capacidad para orientar las líneas editoriales, ello debido a que en Perú no existe limite a la propiedad cruzada de medios de comunicación. En la radio el líder indiscutible es Radio Programas del Perú (RPP) que cuenta con seis emisoras, al igual que otros grupos como la Corporación Universal.

Todo ello es una limitante para el ejercicio de la libertad de expresión que son tradicionalmente utilizados como “vehículos de influencia de los grupos de poder económico”, permite la imposición de discursos sobre el acontecer económico y político en el debate público peruano, obstaculizando así el desarrollo de un espacio democrático y plural. Las empresas de radio y televisión son además evidencia del centralismo reinante en Perú ya que transmiten más del 90% de los contenidos producidos o programados en Lima, dejando fuera la producción en otras regiones y limitando su acceso al mercado publicitario y dejándolos en condición vulnerable.

Durante la campaña presidencial el entonces candidato Humala del partido Gana Perú impulsó, a través de su plan de gobierno llamado “La Gran Transformación”, una ley de comunicaciones más equitativa y plural que logre la participación de sectores relegados y rompa con el acaparamiento de los conglomerados económicos que poseen la mayor parte de los medios de comunicación del país. Frente a ello, las críticas de la oposición y la avalancha de cuestionamientos por parte de la prensa alineada en contra de estas reformas políticas, no se hicieron esperar. Ello duró la primera parte de la campaña dado que, al entrar en segunda vuelta, y con la necesidad de mostrar un tono más conciliador, tuvo que dejar de lado su plan inicial y empezar a trabajar en base a la denominada “Hoja de ruta”, fruto de las alianzas que necesitó para finalmente alcanzar la presidencia.

Como presidente, Humala ha reiterado su respeto por la libertad de expresión, por lo que no tendría por qué existir conflicto entre la posición respecto a los medios de comunicación señalada en “La Gran Transformación” y su posición actual. Para Acevedo, el problema central se encuentra en “la viabilidad política del cambio, pues para modificar una ley se necesita mayoría en el Congreso. Y reside también en la aparente falta de voluntad desde el Gobierno para, al menos, impulsar un amplio debate sobre un tema central para la democracia en el país…”[9].