En el año 2011, la Asamblea Legislativa salvadoreña ratificó la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), aceptando parcialmente las observaciones hechas por Mauricio Funes, Presidente de la República, orientadas principalmente al lapso de tiempo destinado a la elección de los comisionados que integrarían el Instituto de Acceso a la Información y los oficiales de las entidades gubernamentales.
Respecto de las observaciones del Presidente, la Asamblea Nacional acordó dar un plazo de extensión de entre 90 a 180 días para ello. Además, la entrada en vigor se pactó para un año después dando plazo a la administración pública para estar en capacidad de dar respuesta a los usuarios.
Uno de los diputados del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Guillermo Ávila, argumentó que la Ley es necesaria pero que el lapso programado por el Presidente Funes lo único que consigue es retrasar un derecho que es ya exigido. Para los oficialistas del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el plazo es considerado, por el contrario, un tiempo prudente para pasar por un proceso educativo que cambie el preconcebido concepto de la información pública como un bien privado, y por tanto no exigible.
Con esta medida se busca reforzar la transparencia y el combate contra la corrupción, a través de procedimientos sencillos de realizar de manera tal que sirvan también para impulsar la participación y fiscalización ciudadana. Los responsables del Instituto de Acceso a la Información serán escogidos por el Presidente de la República entre candidatos presentados a propuesta de los gremios empresariales, profesionales, universidades, sindicatos y por último la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
APES considera que la ausencia de un Instituto de Acceso a la Información Pública y la falta de conocimiento de los periodistas de la Ley limitan el uso y aprovechamiento de este recurso periodístico. Para ello se ha programado la creación de un manual y capacitación a periodistas con el apoyo del PNUD en el año 2013.
Finalmente, durante el convivio y conversatorio de VOCES Diario Digital realizado en diciembre del 2012, el catedrático de la Universidad de Málaga, Manuel Chaparro disertó sobre la necesidad modificar los paradigmas de vida pensando en nuestra relación con el planeta, considerando que los “derechos humanos deben ser combinados y reinterpretados a partir de la defensa de los derechos de la tierra” con lo que se opone a las políticas desarrollistas que solo han ayudado a profundizar la brecha entre pobres y ricos.
Apunta que los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la actualidad mundial trabajando en servicio del público, motivo por el cual la existencia de medios comunitarios debe estar garantizada por un marco legal que la avale. El déficit democrático es hoy el eje fundamental en tanto la “mediocracia” ignora la voluntad popular y el derecho de las mayorías, debemos reconvertir la democracia a partir del paradigma, de la democracia representativa a la participativa, con medios imparciales que no estén al servicio de intereses privados.
Chaparro también criticó la agenda comunicacional de El Salvador, la cual no ha beneficiado a los salvadoreños y que se ha dedicado a reproducir los postulados de la economía monetarista/consumista, invisibilizando la pobreza del pueblo.