En el 2011, un año después de la entrada en vigor de las modificaciones a la Ley sobre responsabilidad social en los servicios de radio, televisión y medios electrónicos venezolanos, la web ARTICLE 19 realizó un análisis comparativo de la norma legal con las normas y estándares internacionales sobre libertad de expresión llegando a la conclusión de que la Ley mencionada restringe el mencionado derecho fundamental.
La Ley atenta contra el derecho internacional al obligar e imponer a todos los medios la difusión de contenidos entre los cuales existen mensajes y discursos del gobierno, restringiendo la independencia de los medios. Además de ello las sanciones son descritas con vaguedad lo que deja abierta la puerta de la discrecionalidad ante actos punibles insuficientemente normados como el causar zozobra en la ciudadanía o desconocer autoridades legítimamente electas. La Ley también favorece el control del Estado sobre Internet, regulándolo de la misma manera que a un medio tradicional como la radio y televisión.
En palabras de Paula Martins, directora de ARTICLE 19 América del Sur,
“la ley contiene prohibiciones de carácter vago, impone restricciones excesivas a la Internet y dispone sanciones rigurosas contra las estaciones de radio y televisión. Teniendo en cuenta que Venezuela carece de un ente regulatorio independiente para la implementación de esta ley en particular y de otras normas relacionadas con la actividad de la difusión, esta situación abona el terreno para la interferencia político-económica en los medios de comunicación”[1].
La Ley de responsabilidad social en los servicios de radio, televisión y medios electrónicos fue bastante polémica desde su origen en el año 2004, cuyo objetivo fundamental es el “establecer responsabilidad social” de quienes participan del sector de difusión, equilibrando además sus deberes, derechos e intereses. Lamentablemente esta se desvirtuó hasta convertirse en una herramienta del oficialismo para controlar medios privados, situación que debe cambiar con la implementación de medidas de protección contra interferencias arbitrarias y la garantía de independencia de los entes reguladores.