A inicios del año 2011, el Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE) expresó su total rechazo al Anteproyecto de Ley que adiciona el artículo 439-A al Código Penal de la República de Panamá el cual indica:
“quien infundadamente ofenda, ultraje o vilipendie públicamente al Presidente de la República o a cualquier servidor público que sirvan cargos de elección popular, será sancionado con dos a cuatro años de prisión o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana”.[1]
Este Anteproyecto, presentado por los diputados Agustín Sellhorn, y el mismo Presidente de la Asamblea Nacional, José Muñóz Molina, fue percibido como una “Ley Mordaza”, lo que representa un claro retroceso en materia de libertad de expresión, una herramienta recurrente en sistemas dictatoriales, como el vivido en Panamá durante 21 años y que se espera no vuelva a suceder.
En el 2007 fue despenalizado el delito de ofensa contra el Presidente de la República y el delito de vilipendio público contra los Órganos del Estado, como se consigna en la exposición de motivos del ya citado anteproyecto de ley. La norma afectaría el desempeño de los periodistas y medios de comunicación panameños, y la opinión pública en general.
AMARC ALC manifestó su rechazo a la norma presentada por los integrantes de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales que tipifica el delito de vilipendio contra servidores públicos de cargos de elección. Reafirmó que con este dispositivo legal, Panamá, contravendría los estándares internacionales de libertad de expresión que señalan:
“el uso de tales poderes para limitar la expresión de ideas se presta al abuso, como medida para acallar ideas y opiniones impopulares, con lo cual se restringe un debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas. Las leyes que penalizan la expresión de ideas que no incitan a la violencia anárquica son incompatibles con la libertad de expresión y pensamiento consagrada en el artículo 13 y con el propósito fundamental de la Convención Americana de proteger y garantizar la forma pluralista y democrática de vida”[2]
Finalmente, gracias a las protestas del Colegio Nacional de Periodistas y de diferentes organizaciones de la sociedad civil panameña, el anteproyecto de reforma del Código Penal que incluía penas de cárcel por ofensas al Jefe de Estado u otros cargos electos, fue retirado por el presidente
Reporteros sin Fronteras (RSF) celebró el hecho con un saludo a todos los periodistas panameños por su lucha y por las muestras de rechazo a la norma por parte de organizaciones internacionales, recordando además, que el presidente Ricardo Martinelli indicó que vetaría la norma si prosperaba en el Parlamento.
Según RSF, aún existen otras cuatro iniciativas en la Asamblea Nacional que obstaculizan los derechos de los medios y periodistas a ejercer su profesión en aras de la libertad de expresión, entre las que se encuentra una que incrementaría la pena por difamación de 18 meses a cinco años de cárcel. Se espera que las autoridades reaccionen de la misma manera con estas otras normas y logren retirarlas oportunamente.
En octubre del 2012, los gremios de periodistas y la sociedad civil panameña rechazaron y alertaron a la opinión pública sobre el contenido del anteproyecto de ley 377 sobre Seguridad Informática impulsada por el Gobierno y que atentaría contra la libertad de expresión y la libertad de prensa.
La norma busca sancionar con pena cárcel de entre cuatro a seis años a aquellos que “accedan a la seguridad informática del Estado u obtengan información clasificada o reservada, reproduciéndola por cualquier medio”[3], convirtiendo la labor periodística en un delito. La sanción se haría extensiva a los medios que hagan eco y publiquen aquellas informaciones, extendiendo el alcance de la norma a los medios de comunicación y el principio de libertad de expresión.
Guido Rodríguez, presidente del Fórum de Periodistas, afirma que esta norma, de manera encubierta, criminaliza la labor periodística. En el caso en que un periodista logre obtener información estatal de una fuente reservada y la haga pública, la pena sería la cárcel, convirtiendo al periodista en “sujeto delictivo”.
Para Filemón Medina del Sindicato de Periodistas, el anteproyecto de ley criminaliza el libre ejercicio de la labor periodística y se constituye en un ataque al principio de denuncia ciudadana. Por su parte, Jean Marcel Chéry, ex presidente del Colegio Nacional de Periodistas, argumenta que el mencionado dispositivo legal viola la “doctrina del fiel reporte, acuñada por la Convención Americana de Derechos Humanos”.
[3] Anteproyecto de Ley N° 377 – 2011: http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/377-de-2011.pdf