A finales del año 2011, fue conocida la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) por los diputados en segundo debate y solo quedó pendiente de su aprobación en tercera lectura y redacción final, en donde se indicó que las empresas nacionales y transnacionales que poseen frecuencias radioeléctricas podrían ampliar, sin someterse a subasta, el plazo en que usarán el espacio.
La reforma a la ley permite a los concesionarios de frecuencias de radio y televisión prorrogar por 20 años el título de usufructo del espacio radioeléctrico –dictada el 20 de noviembre de 2012-, dejando en el aire la posibilidad de que colectivos de la sociedad civil puedan acceder a concesiones, entre ellas, las radios comunitarias, expectantes ante la regularización de su situación y que aún no logran encontrar frecuencias disponibles.
Con esta reforma se obliga a los medios comunitarios a permanecer fuera del espectro radioeléctrico y ante el peligro de ser clausurados por carecer de un estatus legal. Reporteros sin Fronteras ha hecho eco de la disconformidad de los representantes de las radios comunitarias de los pueblos indígenas, privadas de acceso a un espacio de difusión de manera legal.
El agravante de la situación radica en que no conforme con la renovación automática de la licencia por 20 años más, tras la presentación de solicitud por parte del concesionario, en caso de que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) no respondiera en el plazo de quince días, el silencio administrativo operará en el sentido de que la prórroga solicitada se tendrá por otorgada y tendrá efecto desde la fecha de vencimiento del plazo en que fue requerida.
Frente a ello, Amarc Guatemala considera que esta reforma atenta contra la Iniciativa de ley 4087, creada en el marco del Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas establecido entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) dando fin a 36 años de guerra civil, en la medida en que se otorgan frecuencias limitadas y de difusión restringida a las radios comunitarias, y va en contra de la recomendación de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la carta con la que AMARC Guatemala solicita de manera oficial una reunión con el entonces Presidente Electo Otto Pérez Molina del 01 de diciembre de 2011, se remarca que el proceso de dictámenes impulsados por la Comisión de Comunidades Indígenas y la de Comunicaciones del Congreso, presidida por el legislador Daniel Caballeros, líder de la bancada de Libertad Democrática Renovada, representa un gran obstáculo y vulnera a los medios comunitarios. Ello está en clara oposición al espíritu de los acuerdos de paz y lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos que obliga a los Estados miembros de la OEA a crear un espacio de difusión para las culturas indígenas y las minorías.
A fines del año 2012, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció en contra de las regulaciones pues ellas restringirían el acceso de los pueblos indígenas al espectro radioeléctrico. Lamentó además que la reforma LGT no se haya realizado a través de una convocatoria amplia a distintos sectores de la sociedad para garantizar la sostenibilidad de sus decisiones a través de la actividad participación de diversos sectores.
El conjunto de entes de la ONU en Guatemala se mostró preocupado puesto que los nuevos contenidos de la Ley no garantizan la transparencia del proceso de adjudicación de concesiones y en la prórroga de las licencias para las frecuencias de radio ya en funcionamiento, y resaltó que el marco legal debilita el acceso a las frecuencias en igualdad de condiciones por todos los sectores de la población, en especial los pueblos más vulnerables, perdiendo la posibilidad de establecer una reforma mucho más inclusiva.
En noviembre de 2012 se logró consenso en el congreso para aprobar las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, iniciativa que, luego de enmiendas, busca otorgar por 20 años una prórroga del usufructo del espectro radioeléctrico con el nombre de decreto 34-2012[1], que también propone que al finalizar ese lapso se concedan 15 años más sin pasar el proceso de subasta.
Los sectores que se encuentran a favor de la reforma alegan que la enmienda a la LGT dará mayor estabilidad jurídica a las empresas que busquen invertir en telefonía, televisión o radio en Guatemala sin temer que se les quite las frecuencias en algún momento, amparados por esta ley. Para los opositores como el periodista Haroldo Shetemul todo ello sería falso y estaríamos frente a la venta de votos de 97 diputados –a cambio de un millón de quetzales por cada uno de ellos- a empresas que buscan un mercado de telecomunicaciones monopolizado.
El periodista hace además un llamado al presidente Otto Pérez Molina para tomar acción respecto de la reforma para abrir nuevamente el debate en torno a la LGT, considerando “impostergable” el acceso de los pueblos indígenas al espectro radioeléctrico en aras de la democratización de las telecomunicaciones en Guatemala.
Finalmente la nueva Ley General de Telecomunicaciones, aprobada en el Congreso, entró en vigor el 6 de diciembre y fue promulgada por el mismo presidente de la República, luego del acalorado debate suscitado en el país y las alertas anunciadas por Reporteros sin Fronteras y AMARC sobre las consecuencias que traería aprobar una legislación tan perjudicial para los pequeños medios de comunicación que siguen en espera de una frecuencia.
Reporteros sin Fronteras calificó la nueva LGT como injusta y discriminatoria y mostró su disposición de apoyar el recurso que planean interponer un grupo de diputados por una ley que no fue debatida lo suficiente y que está en clara oposición a los tratados nacionales e internacionales firmados por Guatemala. Esta nueva LGT también prolonga la concentración mediática contraria al pluralismo y discriminatoria, pues priva de medios públicos de expresión a las comunidades y los empuja a la ilegalidad, siendo incluso la mayoría de la población del país.
[1] Decreto 34-2012 que reforma la Ley General de Telecomunicaciones de Guatemala: http://www.camaraderadiodifusiongt.com/pdf/Decreto%2034-2012%20reforma%20Ley%20de%20Telecomunicaciones.pdf