Cambios legales en Uruguay

Los cambios legales o reglamentarios sobre libertad de expresión en este periodo estuvieron relacionados con un caso específico de transferencia de titularidades de radios relevantes uruguayas. Dicho caso se centra en el ingreso al mercado uruguayo de la radiodifusión, por medio de testaferros, del empresario mexicano Ángel García sin que el regulador haya actuado en dicho período para hacer cumplir la ley nacional. Durante la actual administración, el Estado ha mostrado señales de comenzar a actuar contra los abusos más flagrantes que comportan malas prácticas en el uso de las frecuencias.

Según consignó la prensa uruguaya, en febrero de 2008 el Poder Ejecutivo autorizó la transferencia de diez radios a testaferros del magnate mexicano Ángel González, dueño de varios oligopolios de radio y televisión en América Latina. Aunque la normativa vigente establece que para ser titular de una frecuencia hay que ser ciudadano legal o natural, el regulador nunca investigó la realidad subyacente en este caso.

El 14 de noviembre de 2011, el Poder Ejecutivo uruguayo decretó que se agregue al artículo 25 del Decreto n°734 el siguiente texto: “Artículo 25 bis.- Toda estación deberá poner en conocimiento público el nombre de sus titulares durante su transmisión diaria dentro de sus horarios centrales e informativos, así como en las páginas web respectivas. En el caso de que se tratare de una persona jurídica se deberá especificar además de la razón social el nombre de todos los integrantes de la sociedad que posean como mínimo el equivalente al 2% del capital social”[1]. El Decreto n°734 que se nombra es de 1978, que a su vez actúa sobre la Ley de Radiodifusión Nº 14.670 sancionada en 1977 bajo dictadura cívico-militar.

Hasta la fecha no existe una política clara acerca de qué hacer con los grandes problemas planteados, como la concentración de medios de comunicación. No han habido políticas ni acciones concretas promovidas desde el gobierno para impedir o debilitar esta situación, o ha habido decisiones que podríamos considerar erráticas.

Asimismo, en septiembre de 2012 la Coalición por una Comunicación Democrática de Uruguay repudió el archivo del caso de las 11 radios adquiridas por el grupo González y solicitó cumplir con el envío del mismo al Poder Judicial[2].

Hacia una ley integral de servicios de comunicación audiovisual. El Senado de Uruguay aprobó la Ley 18.232 de “Servicio de Radiodifusión Comunitaria” en 2007, la cual permite al Estado “promover y garantizar la existencia de radios y televisoras comunitarias” en 2007. A través de este nuevo marco, las autoridades uruguayas formalizaron por primera vez en su historia el otorgamiento de seis licencias de frecuencias radiales comunitarias.

Además, a partir de esta nueva ley, se hizo foco en un centenar de emisoras de las 412 relevadas en un censo que lanzó la URSEC en 2008.  Esto permitió una cierta regularización del campo. De estas cien, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación estableció que son “53 FM comunitarias administradas por particulares y 81 FM comunitarias administradas por el Ministerio de Educación”.

En ese contexto regulatorio, la deuda sin saldar del gobierno de José Mujica en la materia continúa siendo la presentación de un proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, que el propio Mujica anunció en 2010. Quizás un adelanto sea el decreto firmado por el presidente Mujica mediante el cual se limita la cantidad de abonados que pueden tener los operadores de TV por cable y que estipula en un máximo del 25% del total de hogares y un 35% por localidad, para evitar la concentración del sector[3].

En septiembre de 2012, AMARC Uruguay reclamó a la Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicaciones (URSEC) sobre los obstáculos que enfrenta el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria (CHARC) para garantizar la transparencia en la entrega de frecuencias uruguayas. Este reclamo se inscribe en un contexto de debates sobre la regulación de contenidos, la eliminación de publicidad infantil y la creación de un tribunal de ética en el país oriental.

El CHARC es el organismo que crea la ley de radiodifusión comunitaria con el objetivo de garantizar la transparencia en la adjudicación de las frecuencias, a través de la opinión preceptiva de los proyectos que se presentan a los llamados, así como presidiendo las audiencias públicas en cada localidad.

Desde su inicio este espacio ha contado con diversas dificultades para funcionar, dificultades operativas que impiden el desarrollo de la función Técnica que este organismo debe garantizar. Sucesivas reuniones con URSEC – de quien el CHARC depende administrativamente – no han logrado revertir estas dificultades, que, aún en este momento de apertura de nuevos llamados, se profundizan.

Las dificultades que se han puesto por parte de la URSEC son:

1. Demora de expedientes. Una vez que se cierra un llamado la URSEC demora un promedio de tres o cuatro meses en llegar al CHARC.

2. No se cuenta con un lugar adecuado para el archivo de los expedientes.

3. En relación a las audiencias públicas:

• La URSEC no ha participado de las mismas.
• No se ha realizado una difusión adecuada de las mismas. Por ejemplo, en algunas localidades, la difusión se realizó el día anterior impidiendo que nuevas propuestas pudieran asistir de la mejor forma a las audiencias (espacios decisivos para el otorgamiento de frecuencias).
• Pérdida de resoluciones.
• No se cuenta con presupuesto para traslados, ni costos administrativos.

Por lo expuesto, queda claro que la URSEC ignora al Consejo Honorario Asesor Radio Difusión Comunitaria, obstaculizando con esto un verdadero desarrollo del sector comunitario.

Así fue como, desde AMARC Uruguay, se expuso con preocupación que el proceso de adjudicación de licencias tal como se establece en la Ley de Radiodifusión Comunitaria se encontraba en riesgo de perder transparencia. Asimismo, AMARC Uruguay no se observó en dicho proceso que se garantice el derecho a la libertad de expresión.

Luego, el 27 de julio de 2012, el Boletín Regional para la Libertad de Expresión y la Diversidad en la Radiodifusión (InfoDerechos) de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – América Latina y Caribe (AMARC ALC) publicó en su tema de la semana un relevamiento sobre la situación de las radios comunitarias en Uruguay, realizado por el periodista Guillermo Pellegrino[4]. Entre las organizaciones participantes de la nota se encuentra AMARC Uruguay.

En dicha entrevista se afirmó que el Estado uruguayo estaba regularizando a las radios comunitarias de su país en camino a una ley integral de medios. En ese entonces, ascendió al número de 92 las radios comunitarias regularizadas de distintos departamentos del país, que a su vez corresponden al tercio del espectro radial para el sector comunitario.

En el mismo boletín InfoDerechos que nombramos, encontramos en otra de las notas seleccionadas que los borradores para una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual asumían restricciones a la publicidad infantil como así también códigos de ética en la información[5]. Asimismo se aclara que la regulación que promueve la administración del presidente Mujica no apuntaba a la “censura” de contenidos, ni a impedir las críticas al gobierno.

También, en otra de las notas publicadas por el InfoDerechos, se expone que el gobierno uruguayo estaba pensando en impulsar una “ley corta” de medios audiovisuales y luego promover otra “integral” en materia de medios, es decir que incluya a todos los servicios de radiodifusión abierta (radio y tv)[6].

En dicha nota, Mujica llamó a esta la “ley corta” como la que conformará “un marco regulatorio que nos pueda asegurar igualdad de oportunidades en el acceso a medios e Internet y tratar de repartir de la manera más justa y equitativa el espectro, tratando de reequilibrar un sistema de medios que nos parece está muy concentrado”. Esta situación trata sobre todo al medio televisivo que es el que centraliza la producción de contenidos y agendas informativas en pocos medios, en especial en la capital del país.

En cuanto a la ley “integral de medios”, Mujica aseguró “tenemos una serie dispersa de normas en materia de telecomunicaciones que hay que tratar de revisarlas y ordenarlas”, y opinó que “ya va siendo hora que seamos más adultos y tengamos una ley global de telecomunicaciones”. Según Mujica, hay “sectores estratégicos del país que nunca han sido francamente democratizados y va a ser muy difícil que avance la democracia en la sociedad sin medios que sean cada vez más democráticos”. Por último, el presidente afirma en esa nota que para junio de 2012 el Ministerio de Industria iba a entregar un proyecto de ley a la Presidencia.