En Uruguay, los hechos constitucionales ligados a libertad de expresión de 2011 – 2012 se refieren a la aplicación de la Ley de Radiodifusión Comunitaria 18.232 sancionada en 2007[1]. Este documento, cuyo proyecto fue presentado inicialmente por la sociedad civil, constituye la administración de una parte del espectro radioeléctrico bajo los principios de transparencia, participación y competencia en la adjudicación y renovación de permisos. Pero dichos principios se vieron obstaculizados cuando resultaron dificultosos los concursos y las entregas de licencias.
En la misma línea, otra regulación administrativa sustantiva, el Decreto 374 emitido el 4 de agosto de 2008 por el Poder Ejecutivo, estableció para la administración del espectro en materia de radiodifusión y televisión analógica abierta, criterios de transparencia, igualdad de oportunidades, competencia y la apertura de espacios institucionales para la participación ciudadana.