A inicios del 2011 la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) puso a consulta pública –durante una semana- un proyecto de resolución que busca suspender el otorgamiento de nuevas frecuencias de emisoras radiales de baja cobertura o radios comunitarias, en un país en el que tan solo se cuenta con 28 de ellas.
Al final, la consulta a la norma se publicó como Ley en el Diario Oficial La Gaceta, restringiendo permisos y licencias, un proyecto de la anterior presidenta de la CONATEL, Lidia Estela Cardona, a entrar en vigencia con Pompeyo Bonilla, un militar en retiro.
Para Anarella Vélez, vicepresidente del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), las radios comunitarias son recursos de los pueblos para romper los cercos que imponen los medios comerciales-tradicionales que difunden información de su propio interés, mientras que las radios comunitarias difunden información relevante y de interés para la comunidad, en las que en ocasiones denuncian ataques contra los derechos de sus localidades, razón por la que sus comunicadores estarían siendo perseguidos.
Las radios comunitarias se oponen al modelo actual del Estado que se orienta a enriquecer a pequeños grupos de la sociedad que dirigen la opinión pública en su beneficio e interés personal, dejando por fuera medios comunitarios y alternativos –espacios de ejercicio de la libertad de expresión – como plataformas de información válidas en la oferta comunicativa hondureña.
Para las autoridades de CONATEL la razón principal es el alto grado de saturación del espectro radioeléctrico destinado para el Servicio de Radiodifusión Sonora, específicamente para estaciones que usen la frecuencia modulada (FM), por ello en áreas bastante pobladas ya no existen frecuencias disponibles en el rango 88-108 MHz.
Contraviniendo sus compromisos internacionales en derechos humanos, Honduras aprueba la Resolución Nro. XX/11[1] que suspende el otorgamiento de permisos a radios comunitarias –o de baja potencia- conociendo que ellos no podrían participar de subastas económicas de frecuencias de otra potencia debido a sus falencias financieras.
El otorgamiento de frecuencias por subasta económica es incluso considerado por organismos internacionales de derechos humanos como un acto antidemocrático y violatorio del ejercicio de la libertad de expresión, discriminando a quienes no poseen las condiciones económicas para obtener la concesión de una frecuencia a través de la cual difundir temas de interés para sus comunidades.
Es oportuno recordar que el Estado hondureño se comprometió en noviembre del 2010 ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, durante el Examen Periódico Universal, a: “Generar un debate entre el Congreso Nacional y la Sociedad civil a fin de adecuar el marco regulatorio del Sector de Telecomunicaciones y asegurar su armonización con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, particularmente en relación con los sectores públicos, privado y comunitario de la radiodifusión” (traducción de AMARC)[2].
La resolución estaría claramente en oposición al compromiso que el Estado hizo en Naciones Unidas puesto que la misma obstaculiza las posibilidades al alcance de las comunidades para obtener una concesión para el funcionamiento de una radio sin darles alternativas, lo que termina por favorecer a las radios comerciales y la concentración, atentando contra la equidad y el beneficio para la población.
AMARC considera que las condiciones para el funcionamiento y operación de medios comunitarios en Honduras se han agravado, además de la existencia de la referida resolución, por el creciente nivel de violencia e impunidad que dificulta el ejercicio del derecho de libertad de expresión.
[2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Volumen II, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, 2011, p. 144.