En septiembre de 2012 la Coalición por una Comunicación Democrática en Uruguay apoyó la aprobación de un canon para las radios y los canales de tv para el uso de frecuencias. Y allí fue que se anunció formalmente la conformación de un código de ética periodístico en el país.
Asimismo, la organización expresó su preocupación por la falta de definiciones entorno al monto que deberán abonar los radiodifusores y el destino de esa suma. Vale decir que existe un proyecto de Rendición de Cuentas que habilita al Poder Ejecutivo a fijar el canon que deben abonar los permisarios de servicios de radiodifusión al Estado. Dicha iniciativa se encontraba siendo analizada en el Parlamento uruguayo. Hasta el momento, dicha nación es uno de las pocas con canon cero para el uso de frecuencias.
Mientras se debatía en el país sudamericano el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Coalición también cuestionó la inclusión o no de un gravamen calculado en base a la facturación.
Además, la organización postuló en ese entonces que parte de los recursos producidos por la tasa sean destinados a generar políticas de fomento del sector comunitario. Por otra parte, la Coalición por una Comunicación Democrática anunció que realizaría durante septiembre de 2012 el Primer debate nacional sobre mecanismos de autorregulación en los medios y en la profesión periodística. Dicha iniciativa fue patrocinada por UNESCO a través del Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones (IPDC).
Continuaba pasando el tiempo y el gobierno uruguayo no daba respuestas sobre el envío de un proyecto de ley de medios. En boletines InfoDerechos siguientes, la Coalición por una Comunicación Democrática se pronunció sobre ello. Esta organización, integrada entre otras por la Asociación de la Prensa Uruguaya, AMARC, Ovejas Negras, la Sociedad Uruguaya de Actores, Cotidiano Mujer y la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, emitió un comunicado en el que expresó su “preocupación por la falta de definición en torno a la ley de SCA”. “El proyecto, largamente estudiado por parte de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) y el MIEM, no termina de ser enviado al Poder Ejecutivo y corre el riesgo de no ingresar al Parlamento antes de finalizar el año legislativo”, alertó. También recordó que la iniciativa fue elaborada “luego de que el gobierno abriera un espacio participativo para sentar las bases de acuerdo a través del Comité Técnico Consultivo (CTC)”, que funcionó en el segundo semestre de 2010. En la reunión final del CTC, el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, aseguró que el proyecto estaría pronto a más tardar a mediados de 2011[1].
Sin embargo no hubo respuestas tampoco contundentes. Un mes más tarde, en diciembre de 2012, el presidente de Uruguay se inclinó por analizar en regular la publicidad oficial del país mediante otro decreto. Allí la Organización de la Prensa del Interior, la Asociación de Radios del Interior y la Red Oro apoyaron la iniciativa.
Según informó el Grupo Medios y Sociedad en Uruguay, el texto a estudio cumple con los estándares internacionales de libertad de expresión y pluralismo. De aprobarse, Uruguay sería el primer país de la región en adoptar una norma nacional que asigne de manera justa y objetiva la pauta oficial. El Grupo Medios y Sociedad (GMS) ha trabajado hace años en divulgar y proponer proyectos de ley elaborados de manera oportuna sobre la cuestión. La Organización de la Prensa del Interior (OPI) respaldó la decisión del Ejecutivo y señaló que “concentrar las pautas en empresas radicadas en Montevideo es injusto e ineficiente”. Por su parte, Red Oro, en representación de sus 54 emisoras afiliadas, consideró que la distribución actual de publicidad oficial en el interior de Uruguay es inconveniente. A su vez, dicha organización calificó de acertado que se valore la producción local y regional, y que se generen fuentes laborales de importancia para todas las ciudades. De acuerdo al borrador del decreto, Red Oro apoyó la creación de un fondo para la realización de mediciones de audiencia y tiraje de medios. Por último, la Asociación de Radios del Interior (RAMI), expresó su satisfacción “porque se vería cumplida una anhelada preocupación” de las radios del interior. RAMI aseguró que con el decreto, se destinaría al menos un 30 % de los rubros a los medios del interior. Hoy, el 95% de la la pauta oficial va a Montevideo y al interior apenas el 3 %. OPI, Red Oro y RAMI coincidieron en que con dicho decreto se reconoce la labor de varios años de trabajo por lograr una “rica historia democrática del país”.
En los hechos se puede decir que la ley para la promoción de la libertad de expresión por medios comunitarios vino a establecer una cuña o parte aguas en relación al resto de la administración del espectro, que sigue regida por leyes que no habilitan la participación ciudadana, la transparencia y la asignación, renovación, revocación, etc., con arreglo a criterios objetivos. Dichas leyes son de la época de la dictadura uruguaya.