Como representación nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC saludamos el avance en la despenalización de la transmisión sin licencia en el marco del proyecto de creación de Superintendencia de Telecomunicaciones, como un paso más dentro de las necesarias transformaciones de las políticas de medios para la promoción y desarrollo de la comunicación comunitaria y local.

El delito penal, que se instauró en 1991 con el artículo 36 b, letra a, de la Ley General de Telecomunicaciones, se usó, muchas veces, de forma indiscriminada para acallar a numerosas radios comunitarias del territorio nacional, cuya dimensión sancionatoria nos situaba como el peor ejemplo de las regulaciones para medios comunitarios en el continente, contraviniendo recomendaciones internacionales en cuanto a estándares de libertad de expresión.

La comunicación es un derecho humano de hombres y mujeres, que promueve la libertad de la palabra por cualquier medio o soporte siendo el Estado el garante del acceso a las frecuencias radiofónicas de organizaciones y colectivos, en igualdad de condiciones, entre todos los actores sociales. Sin embargo, la política pública vigente hace 30 años y otras normativas sectoriales aprobadas desde el retorno a la democracia han generado desigualdades y discriminaciones, que hoy son más bien obstáculos que promoción de los tres sectores de la comunicación. Frente a la inexistencia de medios públicos, no hay una política de desarrollo de medios comunitarios, los que se encuentran en desmedro frente a los privilegios económicos de los grandes concesionarios de la radiofonía comercial.

Es así que la mayoría de las concesiones de radios de mínima cobertura que hoy accederán a las nuevas concesiones de radio comunitaria y ciudadana están en manos de iglesias, empresarios regionales y negocios con fines comerciales, sin asegurar que las emisoras, que cumplen un modelo comunitario, se desarrollen y puedan gestionarse por sus comunidades, lo que contraviene el “espíritu” de la ley de radios comunitarias de 2010, que, a casi cuatro años de ser promulgada, aún no entra en operación.

Confiamos que, en la tramitación final del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, se mantenga lo aprobado en todo el proceso legislativo -aun cuando no compartamos el comiso de equipos- como son las multas bajas, de acuerdo a la naturaleza de la falta y en proporcionalidad con el actor que la comete, y la prescripción del delito penal que atenta contra el acto mismo del derecho de la libertad de expresión,

Ahora bien, este gran paso, que se da en un “mes negro” para el periodismo chileno, con el despido masivo de periodistas, venta a privados del diario y archivo histórico de La Nación, y la discusión del veto presidencial a varios artículos a la ley de Televisión Digital, que contravienen el ánimo original de la propuesta, plantea nuevos desafíos y demandas como romper con las restricciones de potencia, desigualdad en los años de concesión y libertad para la gestión económica y publicitaria de las radios comunitarias.

Nuestro horizonte como movimiento internacional de radios comunitarias y centros de producción radiofónica es avanzar hacia un nuevo marco legal en telecomunicaciones que regule la concentración de la propiedad de los medios, en base a criterios democráticos, integrales e inclusivos, como también se promueva un modelo de comunicación público, nacional, regional y local, que garantice el desarrollo de medios del tercer sector con fines sociales y gestionados por actores diversos, como un valor para nuestra democracia y el fortalecimiento del debate público en Chile.

Compartimos audio de entrevista al periodista Raúl Rodríguez, uno de los representantes de AMARC Chile, con las reacciones y alcances de este avance legislativo:

El desafío que contienen estas páginas constituye un importante aporte para la reflexión y el análisis, al tiempo que señalan la raíz de los graves problemas detectados apuntando soluciones fundamentadas. Esta contribución está lejos de la subjetividad ideológica y carece de prejuicios. Es científica, con fundamentos en el derecho comparado y las ciencias sociales. Estas páginas son una apuesta firme de la sociedad civil en apoyo de una democratización mediática que, sin duda, debe incidir en una mayor transparencia y en la visibilización del debate de los problemas reales del país por la sociedad salvadoreña.

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